Las reglas de la ley frente a las fuerzas del orden


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Sin miedo: A pesar de los más de 700 arrestos en el Puente de Brooklyn el 1º de octubre, la multitud de participantes aumentó en los días siguiente. Foto: Adrian Kinloch

Occupy Wall Street, con su estilo desafiante de protesta no violenta, ha sido constantemente confrontado por el Departamento de la Policía de Nueva York y su obsesión de mantener el orden, resultando en cientos de arrestos — la mayoría innecesarios — y en una cantidad significativa de violaciones a los derechos de la libertad de expresión y de asamblea.

Antes de las protestas masivas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle, la vigilancia policíaca utilizada en protestas en Estados Unidos era un asunto mayormente casual; en raras ocasiones se daban incidentes aislados de abuso policíaco. Luego de Seattle, los departamentos de la policía decidieron replantear de lleno el manejo de las protestas — cada vez más grandes y militantes — y, más importante aún, cómo manejar el uso creciente de manifestaciones masivas, coordinadas y directas. Sin darle mucha importancia a los derechos de la Primera Enmienda constitucional, los departamentos de la policía han comenzado a usar uno de dos enfoques, a veces usando un poco de ambos.

El primero es la represión estratégica, particularmente con movimientos de acción directa. A partir de la respuesta agresiva de la policía de Miami a las protestas del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2003, muchos departamentos han recurrido al uso de vigilancia, agentes provocadores y publicidad negativa previo a un evento, seguido por despliegues masivos policíacos, armamento “menos letal” y restricciones a permisos para protestar, incluyendo la creación de los “pozos de protesta”.

Problemas similares surgieron en 2004 durante la Convención Nacional Republicana en Nueva York. Se negaron permisos para utilizar Central Park y otros lugares de protesta tradicional; también se usaron barricadas de manera excesiva en manifestaciones pacíficas que contaban con los permisos; más de mil personas fueron detenidas a modo preventivo. Estos cargos fueron abandonados eventualmente por el Fiscal del distrito de Manhattan.

El otro enfoque ha sido el intento de microgestionar las manifestaciones, convirtiendo la disidencia en una experiencia estrecha, controlada y desalentadora. Esto se logra al elevar el número de agentes, aumentar las restricciones sobre el acceso a las manifestaciones a través del uso de “puntos de estrangulación”, separar y subdividir a las masas con barricadas, restringir los permisos para protestar, y efectuar múltiples arrestos, a veces mediante fuerza excesiva en respuesta a violaciones menores.

Esta última estrategia es especialmente común en la ciudad de Nueva York, la cual tiene una fuente casi ilimitada de agentes policíacos (más de 30.000) disponibles para el control de las multitudes. Durante las manifestaciones de Occupy Wall Street, hemos visto una serie de reacciones excesivas hacia manifestantes pacíficos y con respecto a violaciones menores de la ley, como por ejemplo: el uso de un megáfono, escribir en la acera con tiza, marchar en la calle (y a lo largo del Puente de Brooklyn), hacer fila en un banco para cerrar una cuenta y la ocupación de un parque público luego de las horas de cierre.

El efecto de esto ha sido la criminalización, a un bajo nivel, de la disidencia, la cual sólo sirve una función (apenas legítima) de seguridad pública. Lo importante a tener en cuenta aquí es que, aunque algunas protestas han sido ilegales y perjudiciales,  la mayoría han sido sistemáticamente no violentas en carácter. Esto plantea la pregunta de si el control excesivo de estas manifestaciones es una intrusión injustificada al derecho público de libre expresión, el cual supera cualquier tipo de objetivo legal.

Traducido por: Javierantonio González
Editado por: Mariné Pérez

Este artículo también está disponible en: Inglés, Griego, Portugués, Brasil, Turco


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