Planificación familiar básica: un privilegio, no un derecho

Girls, Interrupted: Peaceful, unarmed protesters were beset upon by police at an International Women's Day demonstration in Virginia.

En agosto, el Departamento de Salud y Servicios Sociales anunció que, en un año, los seguros médicos deberán cubrir todos los contraceptivos sin pago de deducible. El problema es que esto aplica sólo a mujeres con seguro médico.

Diecinueve millones de mujeres sin seguro médico ni trabajo, en su mayoría afroamericanas o latinas, dependen de clínicas de salud pública que han desaparecido o han perdido sus fondos. Por ejemplo, Planned Parenthood ya ha sufrido recortes presupuestarios en Nueva Jersey, Texas y Wisconsin. En otros estados las clínicas de salud pública han cerrado bajo la Regulación Dirigida de Proveedores de Abortos (TRAP, por sus siglas en inglés) promovida por cabilderos en Washington. El 8 de noviembre, votantes en Mississippi rechazaron una medida que hubiera reconocido legalmente un óvulo fertilizado como una persona, lo que hubiera logrado la prohibición de los abortos, contraceptivos de emergencia y otros contraceptivos como los DIU.

Inevitablemente, algunas mujeres podrán evadir estas restricciones con su dinero y privilegio para costear contraceptivos o abortos fuera de sus estados. Pero para quienes no tienen acceso a contraceptivos asequibles o a los casi $500 que cuesta un aborto en el primer trimestre, la planificación familiar básica es un privilegio que se compra en vez de un derecho que se tiene.

Atacar y debilitar las clínicas de salud pública, privilegiar a los que todavía pueden pagar seguro médico y limitar legalmente el aborto y los contraceptivos dividen a las mujeres en dos clases: las que pueden costear el control de su futuro reproductivo y las que no.


Por Anna Lekas Miller

Traducido por Sofía Gallisá
Editado por Gustavo Quintero

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